La seguridad vial es una cuestión social de primer orden. Baste con citar que en España, durante el decenio 2001-2010 se produjeron 41.665 víctimas mortales y 1.380.572 de lesionados. El coste para la sociedad es inmenso, no solo en cifras económicas sino en los terribles dramas humanos que se producen.
Por ello, a la hora de implantar políticas viales, es necesario considerar un enfoque coherente, global e integrado que tenga en cuenta las sinergias con todos los objetivos planteados.
En línea con las recomendaciones de las organizaciones internacionales, nuestra política vial se centra en la visión 0, entendida como la consecución de un sistema que reduce la posibilidad de accidentes y, en todo caso, sus lesiones, la aproximación científica en la decisión de intervenciones, el reclutamiento selectivo centrado en colectivos específicos, la desigualdad en materia de seguridad vial y la responsabilidad compartida.
Nuestros niveles de gestión distinguen:
- Las actividades estructurales, que se identificarían con la elaboración de planes estratégicos y la ejecución de intervenciones, impulsando la participación social a través del Consejo Superior de Seguridad Vial y, fundamentalmente, la colaboración con las entidades locales.
- Las actividades transversales que, en definitiva, no son más que nuestras herramientas de actuación: educación, formación y divulgación junto a la legislación y la vigilancia y control.
- Las actividades prioritarias serán aquellas en las que centraremos nuestros esfuerzos de acuerdo a un proceso de toma de decisiones que, tras identificar el problema y sus factores de riesgo, optará por la aplicación de medidas eficientes, su implantación y posterior evaluación
En todo caso, nuestra política vial supone la necesidad de implicar a todos los agentes sociales responsables a fin de una actuación integral que garantice asegurar la perspectiva multidisciplinar de la materia. Así, impulsamos los planes urbanos de seguridad vial, los planes de seguridad vial laboral y otros.
